El gobierno ahora busca su revancha contra la CGT
El Ejecutivo no le perdona a la central obrera el rechazo al DNU. El desfinanciamiento de las obras sociales complica a los sindicatos, pero sobre todo a los millones de afiliados. (Fuente: Télam). Javier Milei gobierna bajo el concepto amigo-enemigo. El que votó a favor del fracasado proyecto de Ley ómnibus es aceptado por el Presidente y se encamina a ascender a la condición de amigo. Los que votaron en contra son anotados sin contemplaciones en la lista de los enemigos y para ellos no hay ni el flaco perdón de dios. Así operó el Presidente contra los gobernadores al quitarle los subsidios para el transporte público. Ahora la emprende contra los sindicatos que fueron los que hicieron la multitudinaria movilización contra el DNU el 24 de enero pasado
. La intención es tocar un nervio sensible para los gremios de la CGT,
los recursos de las obras sociales. Una medida que afectará directamente
a los millones de afiliados que verán perder cobertura en el servicio
de salud. Ante esto, el gobierno cree que mejorará su situación para
negociar con la central obrera. Por ahora, la CGT medita la reacción. La
versión oficial es que la conducción de la Superintendencia de
Servicios de Salud (SSS) elaborará un informe de todos los fondos que se
le remiten a las obras sociales en forma de subsidios. "Hay que
analizar su funcionamiento", dicen en la Casa Rosada y agregan que lo
que se pretende es limpiar el sistema de intermediarios. Se trata de un
argumento similar al que aplica la ministra de Capital Humano, Sandra
Pettovello, al pisar los fondos para los comedores comunitarios que
tienen las organizaciones sociales y que el gobierno pretende anular. El
punto es que al no otorgarle los fondos que les corresponde, los
principales perjudicados son los que van a buscar un plato de comida en
esos comedores.
La maniobra en el caso de las obras sociales es
similar y ataca a los gremios que ?dicho sea de paso? fueron
protagonistas del paro del 24E, donde también participaron las
organizaciones sociales. Según trascendió, la tarea que tienen los
funcionarios de la Superintendencia es entregarles a las obras sociales
el costo del servicio para los afiliados discapacitados que era cubierto
por el Fondo Solidario de Redistribución. Si las obras sociales deben
hacerse cargo de esta cobertura el desfinanciamiento será la única
consecuencia porque este fondo además tenía como destino el reembolso de
los tratamientos médicos y remedios más costosos. Por lo general son
patologías poco comunes que se controlan con medicamentos que se compran
en el extranjero a precio dólar. Este es un viejo reclamo de la CGT que
había creído resolver si triunfaba el entonces candidato de Unión por
la Patria, Sergio Massa. Ahora esperan ?sin mucha esperanza? que el
gobierno libertario les de los 138 mil millones de pesos que contemplaba
el Presupuesto 2023 para este tipo de situaciones y que Milei prorrogó.
La
CGT buscó una reunión con las autoridades de la SSS para resolver este
inconveniente que está generando la decisión del gobierno, pero no
obtuvo respuesta.
La decisión de la Rosada incluye la eliminación de
subsidios automáticos que se usan para compensar aportes a las obras
sociales que hacen monotributistas, jubilados y trabajadores de bajos
salarios.
La central obrera ahora debe resolver qué hará frente a la
ausencia de comunicación con los funcionarios de gobierno. En la Rosada
están convencidos de que el tener el pie sobre estos fondos los
fortalece a la hora de sentarse a negociar con los gremialistas. Tal vez
en el encuentro en el Consejo del Salario, previsto para este jueves,
se pueda ver un adelanto de esta correlación de fuerzas.
El Salario Mínimo
Las
organizaciones que participan del Consejo Nacional del Empleo, la
Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil (Csmvm) se volverán a
ver este jueves. El encuentro debe servir para fijar un nuevo piso
salarial. Nada hace prever que será una reunión fácil. Por caso, la CGT
pide un aumento del 85 por ciento y la CTA Autónoma reclama un ajuste
mensual. Durante el encuentro, que se realizará en la sede central de lo
que ahora es la Secretaría de Trabajo, se realizará una protesta de los
movimientos sociales que exigen un incremento de los montos para los
comedores comunitarios.
"La convocatoria al Consejo del Salario
Mínimo Vital y Móvil es un ámbito de diálogo a los fines de recuperar en
algo el poder adquisitivo de los sectores más empobrecidos", expresó la
central obrera en su cuenta oficial de la plataforma X. De todas formas
es poco probable que se alcance un acuerdo sobre todo por el pedido de
incremento del 85 por ciento que pide la CGT. La CTA-A está en la misma
línea y advirtió que el salario mínimo de enero último fue de 156.000
pesos, mientras que la canasta básica para un trabajador sin carga de
familia fue de 491.367, y la canasta básica de indigencia en el mismo
período estuvo en el monto de 285.561 pesos.
15/02/2024 (7417)
