La Leona puede terminar en la jaula
Gestapo antisindical: investigan las llamadas de Vidal (Imputada) con la mesa filmada en el Banco Provincia. La fiscal federal de La Plata Ana Miriam Russo solicitó un informe con todas las llamadas entre la ex gobernadora y los hombres que fueron filmados en la sede del Banco Provincia. Ademas El Senado bonaerense sesionará para autorizar allanamiento a las oficinas del Senador Cambista Juan Pablo Allan. La ex gobernadora María Eugenia Vidal fue imputada por la fiscalía platense que investiga la Gestapo antisindical. Según un escrito al que accedió Ámbito, la fiscal federal de La Plata Ana Miriam Russo amplió la imputación a todos los participantes de la reunión del 2017 en la sede porteña del Banco Provincia, en la que se promovió el armado de causas judiciales contra dirigentes gremiales, en el expediente conocido como “mesa judicial bonaerense”, del “Gestapo-Gate”.
Del mismo modo, el nuevo requerimiento parece rozar a la exgobernadora
María Eugenia Vidal, que también fue denunciada a la postre y sobre la
que el juez Ernesto Kreplak solicitó consulta al Ministerio Público
Fiscal. "Se está investigando en autos la supuesta organización de una
estrategia, elaborada en el gobierno nacional, provincial y municipal
durante el año 2017, dirigida a impulsar denuncias para involucrar en
investigaciones penales a personas vinculadas con la práctica sindical
relacionada con actividades de la construcción en la Ciudad de la
Plata", reza el escrito. En el texto la fiscal también pide que se libre
oficio a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) para que informe,
previo levantamiento de secreto, "si alguno de los presentes en la
reunión del día 15 de junio de 2017 se les ha provisto de aparatos de
telefonía encriptada o satelital y, en su caso, se indique se indique el
o los números de de abonados, y si los mismos han sido devueltos al
organismo".
El dictamen firmado por la fiscal explica respecto de
Vidal que ya se pronunció al imputar, de manera genérica, a quienes
“resulten coautores o participes” de los delitos bajo investigación. La
novedad parece la inclusión en la investigación a los empresarios que
participaron de la reunión, quienes hasta ahora aparecían en una suerte
de indefinición e incluso emitieron un documento público en el que se
colocaban como víctimas de una maniobra que desconocían. A fines de
diciembre Russo ya había imputado a Marcelo Villegas, exministro de
Trabajo de la gestión bonaerense, e impulsó una investigación de los
hechos denunciados por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) a partir
del hallazgo de un video en el que puede verse a ése y otros
exfuncionarios macristas reunidos con empresarios y espías con el
supuesto objetivo de promover una persecución judicial a sindicalistas.
De
aquella reunión participaron, además de Villegas, Adrián Grassi
(exsubsecretario de Justicia de la Provincia de Buenos Aires), Roberto
Gigante (exministro de Infraestructura bonaerense), el senador
provincial de Juan Pablo Allan, el intendente de La Plata, Julio Garro, y
cinco empresarios. También estuvieron Diego Dalmau Pereyra, exjefe de
Contrainteligencia de la AFI; Darío Biorci, cuñado y exjefe de Gabinete
de Silvia Majdalani, y Sebastián De Stéfano, exjefe del área de
jurídicos de la central de espías.
La fiscal Russo pidió una serie de
medidas de prueba que incluyen entrecruzamientos de llamados entre
líneas telefónicas fijas y de celulares entre todos los concurrentes a
la reunión, en la que se habló de la forma de perseguir judicialmente a
sindicalistas bonaerenses, en especial al dirigente de la UOCRA La Plata
Juan Pablo “Pata” Medina. El entrecruzamiento de llamados ya había sido
pedido por el abogado de Medina, el penalista César Albarracín. Los que
a partir de su identificación quedaron abarcados en la imputación son
los dirigentes empresariales y constructores Marcelo Jaworski, director
general de Copetro, y vicepresidente 2° de la Unión Industrial del Gran
La Plata; Ricardo Alconada, del Grupo Ocsa y la Cámara de
Desarrolladores Urbanos; Guillermo Moretto, presidente del Colegio de
Arquitectos de La Plata; Jorge Oscar del Río, vicepresidente 1° de la
Asociación Pymes de la Construcción Provincia de Buenos Aires (APYMECO);
Fabián Cusini, constructor y organizador inmobiliario, presidente de
Agrineco; Fernando Sacrachi, director de ACIP; y Bernardo Zaslascky,
director de ACIMCO, la Asociación Comerciantes e Industriales en
Materiales de Construcción.
En su momento, al dar impulso a la causa,
la fiscal Russo pidió una serie de medidas de prueba y al referirse a
los hechos, que aún no calificó, citó la Ley Nacional de Inteligencia,
por lo que fuentes judiciales observaron que la investigación podría
estar dirigida a determinar si esa norma fue quebrantada, entre otros
posibles delitos. La denuncia que dio origen a esta investigación fue
presentada por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, quien a
través de un escrito de tres páginas describió el hallazgo de los videos
en los que “podrá observarse la organización de una estrategia para
impulsar una investigación en la que se logre el enjuiciamiento de
personas vinculadas a la práctica sindical centralizada en la actividad
de la construcción desarrollada en la Ciudad de La Plata”.
La
Justicia deberá determinar qué hacía ese video en manos de la AFI,
comandada, entonces, por Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, y si lo que
allí quedó registrado es efectivamente la planificación de una
estrategia para perseguir a dirigentes a los que el gobierno de Vidal
consideraba adversarios políticos o enemigos.
La semana pasada la
diputada de Juntos por el Cambio se refirió por primera vez al video que
involucra a exfuncionarios de su gestión con empresarios y espías en la
supuesta persecución de dirigentes gremiales. “En mi gobierno no hubo
ni mesa judicial ni causas armadas ni a sindicalistas ni a nadie. Todos
aquellos que hoy se invocan como perseguidos fueron investigados por la
Justicia no por mi gobierno, con pruebas claras y concluyentes, y por
eso se pidió su detención”, argumentó.
"Nosotros no armamos ninguna
causa. La reunión fue institucional, fue ilegalmente grabada y además
fue llamativamente presentada ahora luego de dos años por la AFI", se
defendió en declaraciones a LN+.
11/01/2022 (5737)
