Piden intervención de la ONU ante el vaciamiento de un área de Defensa
Piden intervención de la ONU ante el vaciamiento de un área de Defensa que investiga a represores. La denuncia fue presentada por la legisladora porteña Victoria Montenegro ante el relator especial sobre la promoción de la verdad, la justica, y reparación de Naciones Unidas.
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Piden intervención de la ONU ante el vaciamiento de un área de Defensa 
que investiga a represores. La decisión del ministro de Defensa Luis 
Petri de desarmar el equipo que investiga los archivos de las Fuerzas 
Armadas, que representa el vaciamiento de un insumo clave para los 
juicios por crímenes de lesa humanidad, llegó a las Naciones Unidas. La 
legisladora porteña Victoria Montenegro pidió la intervención del 
relator especial sobre la promoción de la verdad, la justica, y 
reparación de Naciones Unidas, el argentino Fabian Salvioli, por los 
“evidentes retrocesos en lo que respecta al ejemplar proceso de Memoria,
 Verdad y Justicia de la Argentina”. “Pongo en su conocimiento mi 
preocupación vinculada con el desmantelamiento de hecho de los Equipos 
de Relevamiento y Análisis de archivos de las Fuerzas Armadas 
dependiente del Ministerio de Defensa de la Nación, actualmente a cargo 
de Luis Petri”, señaló la presentación realizada por la legisladora, 
nieta restituida por Abuelas de Plaza de Mayo.
Allí recordó que el 27
 de marzo, el director de Derechos Humanos y Derecho Internacional 
humanitario del Ministerio de Defensa comunicó el despido de diez de las
 trece integrantes del área, todas personas con conocimiento 
especializado y experiencia en la temática que cuentan además con una 
trayectoria de muchos años.
Derechos Humanos, otra víctima del 
vaciamiento “Al vaciar de técnicos y técnicas a los Equipos, básicamente
 se les obstruye la capacidad de aportar información y documentación 
clave para la investigación de los crímenes cometidos durante la última 
dictadura cívico miliar. En el mismo sentido, entorpece el acceso a los 
documentos y archivos que integran el acervo documental del Ministerio 
con las mismas consecuencias”, añadió. nMontenegro sostuvo que las 
medidas adoptadas “impactan directamente en el derecho a las víctimas 
directas, a sus familias y a la sociedad en general de conocer la verdad
 sobre lo que sucedió, en el derecho a la investigación, juzgamiento y 
adecuada sanción de los responsables y en lo que hace a la construcción 
de la memoria colectiva, esencial para la prevención de la repetición de
 los delitos de lesa humanidad”.
Esta misma situación fue denunciada 
el viernes pasado en conferencia de prensa por la legisladora junto 
integrantes de Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea 
Fundadora, HIJOS, CELS, Memoria Abierta, ATE del Ministerio de Defensa, 
CTA Autónoma, UTE, Sipreba y Metrodelegados, entre otros. 
Para 
frenar el vaciamiento de esta área clave para los juicios, los abogados 
Pablo Llonto y Mariana Maurer presentaron una medida cautelar ante el 
Juzgado Criminal y Correccional Federal 3 de Capital Federal, a cargo de
 Daniel Rafecas.








