PERSONERÍA JURÍDICA MATRÍCULA 32264
DPPJ Pcia. BUENOS AIRES
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Últimas novedades
Desde que asumió Macri, el grupo Clarín aumentó sus ganancias y a la vez los despidos en sus empresas.
El año 2016 fue el de la revancha del grupo Clarín. Luego de 6 años de enfrentamiento con el kirchnerismo, el Gobierno de Macri le dio pauta y los cambios regulatorios que exigía para expandirse, aun a costa de sus competidores. Sin embargo, ese mayor beneficio empresarial no redundó en cambios positivos para sus trabajadores sino todo lo contrario, ya que se acrecentaron los despidos y retiros voluntarios.
Mientras estallaba el conflicto en Artes Gráficas Rioplatenses (AGR), la imprenta del multimedios, con 300 despidos en su planta de Pompeya, el matutino La Nación revelaba los datos de publicidad oficial durante el primer año de gestión de Macri. Los números son elocuentes: Clarín recibió entre y diciembre de 2016 un 81,5% más que todo lo pautado entre 2009 y 2015, durante la gestión de Cristina Kirchner.
Mientras el grupo percibió 285,9 millones de pesos en los seis años anteriores, en los últimos 12 meses ese monto ascendió a $519 millones. El dato más llamativo es que el monto global disminuyó: pasó de 3.200 millones de pesos (entre pauta de jefatura de Gabinete y canje de deudas) a $2.439 millones. De esta forma, el multimedios pasó a concentrar el 21% de la pauta oficial. Uno de cada cinco pesos van para Héctor Magnetto, Ernestina Herrera de Noble y compañía.
Pero si ya la adquisición de pauta creció, los cambios en las reglas generan ingresos mayores. Con la derogación de cuatro artículos clave de la ley de Medios vía DNU, se le permitió al multimedios evitar el desguace. Se trata de un hecho común en la historia de Clarín: con un tamaño que supera el permitido por la ley vigente, el gobierno de turno cambia las normas para "legalizar" su situación.
Además, el Gobierno permitió finalmente la compra de Nextel, lo que implicaba su arribo definitivo a la telefonía móvil. A principios de 2017, se le permite a las empresas de medios brindar servicio de 4G, mientras que bloquea hasta 2018 el ingreso de las "telcos" al mercado de medios. Solo queda la puntada final: la adquisición de frecuencias que le permitan a Nextel dar el servicio de banda ancha móvil y ser así el cuarto operador en Argentina.
El clima "Clarín-friendly" se vio expresado en la Bolsa de Comercio, donde sus acciones subieron un 117%, pasando de 87 pesos durante las elecciones de 2015 a $189 a finales de 2016. En la actualidad, sus papeles cotizan a 203 pesos en Buenos Aires. Según los balances que presentó ante la CNV, el Grupo declaró ganancias netas por $3.200 millones solo en los primeros 9 meses del 2016 y resta presentar sus números para el último trimestre.
Más ganancias, más ajuste
Ese crecimiento de la empresa no implicó un "derrame" hacia los trabajadores, sino todo lo contrario. Según datos del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBa), 280 periodistas se acogieron a "retiros voluntarios" en el Gran Diario Argentino, eufemismo para un despido acordado. A eso se le suman otros 3 en la agencia DyN, en el Clarín posee parte del capital accionario.
Ahora, y pese a los mayores beneficios, Clarín decide cerrar una planta de AGR y trasladar su producción hacia otras sedes. La planta de Pompeya ha sido eje de conflictos sindicales en el pasado.
Telefónica y Claro litigarán en Argentina contra el decreto que les subyuga a Clarín.
Las empresas de telecomunicaciones Telefónica y Claro están enojadas con el gobierno de Mauricio Macri y no dudan en iniciar acciones judiciales por el trato desigual que tiene Cambiemos para con el Grupo Clarín al autorizarlo a prestar telefonía celular de 4G a través de Nextel.
Según el portal de noticias español eleconomistaamerica.com, Claro y Telefónica no se cruzarán de brazos al acudir a los tribunales, incluido los penales, donde podrían denunciar la presunta prevaricación del Ejecutivo en decisiones que suponen perjuicios económicos para el país, como lo sucedido en la valoración de las frecuencias de móviles que utilizará Cablevisión-Nextel.
"El grupo Cablevisión-Clarín se convertirá en el campeón nacional de las telecomunicaciones argentinas por la vía del decreto. Será intratable. Es un coloso empresarial con poderosos activos en prensa (suyos son los diarios Clarín y Nación), así como la televisión de pago (Cablevisión) y en abierto (La Trece), la banda ancha fija y la telefonía móvil (Nextel)", señala la nota de ese portal.
Esta semana, Clarín recibió el visto bueno para que su filial Nextel adquiera los pequeños operadores de móvil Trixco, Calbi, Infotel, Skyonline, Netizen y Eritown, lo que le propinará valiosas frecuencias de las bandas de 900 Mhz y 2,5 Ghz para los servicios de 4G.
"El responsable del trato de favor de Cablevisión es Mauricio Macri, presidente de Argentina, quien presumiblemente tiene mucho que agradecer el apoyo de Clarín en su ascenso a la presidencia", advierte el periodista Antonio Lorenzo en la nota.
Por último, marca: "Las ayudas desde la Casa Rosada continuarán en cuanto se autorice la compra de Telecom por parte de Nextel, lo que reducirá el número de jugadores en telefonía móvil en detrimento de la competencia y los usuarios. Cuando eso suceda, el conglomerado formado por Cablevisión-Clarín-Nextel-Telecom atesorará el 70% del negocio de la banda ancha fija, el 34% del móvil, el 60% de la televisión de pago y el 90% de los clientes premium de TV, además del periódico líder y la primera televisión lineal del país".
Cristina: "O cambia la política económica o la Argentina quiebra".
La ex presidenta Cristina Kirchner compartió en Facebook un duro documento de una corriente de la CGT contra el Gobierno.
En el mismo, la otrora mandataria afirmó: "O cambia la política económica o la Argentina quiebra".
En el documento, la Corriente Federal de Trabajadores enumera los ataques del macrismo a los trabajadores y reclama por el desempleo, el techo a las paritarias, la baja del poder adquisitivo y la inflación, entre otros problemas de la dramática actualidad económica.
Cristina Kirchner denunció que Cambiemos financia noticias falsas en Facebook.
La ex presidenta Cristina Kirchner denunció en su cuenta de Twitter a una página de Facebook por difundir una noticias que calificó como "falsa".
"Esta promoción que hace en Facebook, esta página ANONIMA sobre una historia falsa, la pagás vos, con tus impuestos", advirtió Cristina Kirchner con la imagen de la publicación de la página "Aquellos que defendemos la República". Y definió: "Mauricio Macri, el primer presidente de la posverdad".
El gobierno kirchnerista había realizado un contrato con una empresa chilena que permitió en 2015 hacer frente a los graves incendios de la Región Patagónica. "Al asumir el Ministro Bergman en Ambiente, el gobierno decidió finalizar el contrato de la gestión anterior y llamó a una licitación internacional cuyo proceso se inició en el mes de abril", marcó la ex mandataria.
Magnetto rompió el silencio sobre su frase "puesto menor".
La frase la destapó el periodista Samuel "Chiche" Gelblung hace años. Reveló que el textual "puesto menor" se refiere a una anécdota entre el ex presidente argentino Carlos Menem y el CEO del Grupo Clarín. Menem le preguntó a Magnetto en broma ante algunas exigencias del Grupo Clarín "¿Usted quiere ser presidente, entonces?". Y el gerente del multimedio le respondió: "Ese es un puesto menor".
En el libro recién editado del periodista Marcos Novaro, llamado "Héctor Magnetto. Así lo viví", el CEO rompe el silencio sobre esta frase.
En el mismo, Magnetto desmiente haber realizado esa afirmación: "Me río cuando me adjudican frases como la de haber llamado "puesto menor" al cargo de presidente. Cualquier que me conoce sabe que no es así. Tengo un gran respeto por la función pública y que, como todo argentino, quisiera que ahí siempre estén los mejores preparados para eso".
Más de 9000 personas marcharon en El Bolsón contra el loteo de tierras.
Una multitudinaria marcha que congregó a más de 9000 personas se llevó a cabo en la localidad rionegrina de El Bolsón contra una ordenanza del Concejo Deliberante local que habilita un loteo de tierras en la zona de la reserva de Mallin Ahogado, y que contó con la adhesión de militantes ambientalistas, representantes de las comunidades de los pueblos originarios y vecinos de esta comarca andina situada sobre el paralelo 42.
Bajo la consigna "No al Loteo en la Reserva Natural de Mallin Ahogado, en defensa del agua, la tierra y los bienes comunes", los manifestantes se reunieron en la Plaza Pagano de El Bolsón desde donde se inició la marcha.
Así, paisanos montados a caballo; productores con sus tractores y personas de todas las edades recorrieron las calles de esta localidad sin que se produjeran incidentes, entre cánticos, sonidos de instrumentos ancestrales y bailes que exaltaban los valores de la cultura mapuche.
"La gente está en la calle porque más allá de la ilegalidad, esto inmoral" dijo Juan Hipólito Gualberto, productor de fruta fina y vecino de Mallin Ahogado.
"se están asentando en un área protegida. La semana que viene presentaremos un amparo hasta que se califique", aseguro este vecino.
Yasky pintó "un panorama negro para los trabajadores" en 2017.
El titular de la CTA de los Argentinos, Hugo Yasky, pintó para 2017 "un panorama realmente negro para los trabajadores" si no se pone en marcha una política para "reactivar la capacidad de consumo de los sectores populares" y se defiende la producción nacional.
El sindicalista, decididamente enfrentado al gobierno de Mauricio Macri, advirtió además que "las políticas oficiales que se anuncian a partir de la asunción de (el ministro de Hacienda, Nicolás) Dujovne, que hablan de abrir las importaciones para bajar la inflación" forman parte de "la vieja receta de seguir generando desempleo".
Yasky marcó que "está claro que la inflación no la producen los salarios porque hoy tenemos las dos terceras partes de los trabajadores que están orillando la línea de la pobreza" y advirtió que 2017 arrancó "con un panorama realmente negro para los trabajadores".
A su vez, resaltó que con la mitad de los asalariados con sueldos que "oscilan entre los 8 mil y 8.300 pesos" la rebaja de los aportes patronales que proyecta el Gobierno reeditará "el argumento de la flexibilizacion laboral" de los 90.
"Si no se generan emprendimientos productivos, el trabajo no surge porque se eliminen las cargas sociales, lo que surge es la falta de sustento para el sistema jubilatorio, lo que surge de eliminar las cargas sociales es mas precarización laboral. Nunca se demostró en la Argentina que esa fórmula sirvió", manifestó por radio La Red.
Recordó que cuando Domingo Cavallo dispuso una medida similar "tuvimos un salto de desocupación de casi 15 puntos" y se preguntó qué hace pensar que "aplicada ahora, en un mundo que todavía está peor, puede dar algún resultado positivo para los trabajadores".
Respecto al optimismo que expresa el Gobierno para 2017, el gremialista estimó que "es la misma canción que ya conocemos del año pasado cuando en el segundo semestre iban a llover las inversiones en un mundo en el que, si algo está claro, es que nadie piensa en invertir en otros paises".
Yasky estimó que "ahora empujan el arco más allá de la tribuna. Dicen que en este próximo semestre van a venir las inversiones, va a reactivarse la economía y la verdad que nada indica eso. Si hubiese algún dato concreto de la realidad lo estaría percibiendo la gente en la calle, nada indica eso".
Yasky reconoció que el problema del alto nivel de pobreza viene de décadas atrás, pero destacó que "si no hay una política como se intentó en el gobierno de Néstor Kirchner y después de Cristina Kirchner que sea reactivar la capacidad de consumo de los sectores populares" no hay oportunidad de salir de la situación.
Puntualizó que se trata de una cuestión de "concepción" ideológica porque, puntualizó, "si yo alimento la recesión, si yo alimento la falta de producción nacional, si yo tiro abajo la pequeña y mediana empresa que genera 8 de cada 10 puestos de trabajo en la Argentina como país no tenemos destino. Esa es la gran diferencia".
Yasky ratificó que las dos fracciones de la CTA -la otra es liderada por Pablo Michelli- salvo alguna excepción no son convocadas a dialogar por el Poder Ejecutivo que eligió para hacerlo a "dirigentes que evidentemente han sido parte de las iniciativas que el Gobierno les impuso".
También fue crítico con los gobernadores del justicialismo que se muestran cercanos al Poder Ejecutivo, quienes consideró "están cometiendo un error gravísimo" pero reconoció que "lamentablemente en el peronismo siempre hubo los que quisieron ser oficialistas de cualquier gobierno".
Macri aumentó la grieta: los ricos ahora ganan 2.500% más que los pobres.
La diferencia de ingresos entre el 10% de la población más pobre y el 10% más rico fue en el tercer trimestre de casi 2.500%, según informó el INDEC. En el segundo trimestre, la brecha era del 2.317%, por lo que sufrió un incremento.
La medición de la distribución durante el período julio-setiembre indica que el decil más bajo, con un promedio de $ 1.369 mensuales, sólo obtuvo el 1,2% del total de los ingresos.
El 10% de la población más rica, en tanto tuvo un promedio de ingresos de $ 34.998 y acumuló el 31,5% de los ingresos totales. La diferencia entre el decil que menos ingresos tuvo respecto del que más consiguió fue de 2.456,4%.
De acuerdo al informe del organismo oficial, el primer decil -en el que se computan ingresos entre $ 50 y $ 2.500- tuvo un ingreso promedio de $ 1.369. El segundo -que va por ingresos desde los $ 2.500 a los $ 4.200- tuvo ingresos promedio de $ 3.478, mientras que el tercero -que va de $ 4.220 a $ 5.000- registró un promedio de ingresos $ 4.818.
Para el cuarto decil, con ingresos de entre $ 5.000 y $ 6.800, el promedio fue de $ 5.815, en tanto que para el quinto -con sueldos de entre $ 6.800 y $ 8.000- de $ 7.496. Respecto del sexto decil, que abarca a los que obtienen entre $ 8.000 y $ 10.000 por mes, el ingresos promedio fue de $ 9,168, mientras que el séptimo -que va de $ 10.000 a $ 12.000- de $ 11.163.
En cuanto al octavo decil -con sueldos de entre $ 12.000 y $ 15.900 pesos- el ingreso promedio fue de $ 14.165, mientras que el noveno– de $ 15.900 a $ 22.500, registró ingresos promedio de $ 18.816. El decil más alto, que incluye a los que perciben entre $ 22.500 y $ 274.000 tuvo ingresos promedio de $ 34.998.
¿Para quién gobiernan? Aguad anunció que en enero se resolverá que Clarín ingrese al 4G.
El Gobierno vuelve a favorecer a Clarín: le permite dar servicio de 4G
El ministro Oscar Aguad anunció que resolverán en el transcurso del mes el tan anunciado ingreso de Clarín al servicio de telefonía móvil, para lo cual ya compró a la empresa Nextel pero precisa de frecuencias que le permitan ingresar al servicio 4G.
En una entrevista que brindó a radio El Mundo, el ministro de Comunicaciones ratificó que la intención es que "a partir de 2018 todas las empresas de telecomunicaciones van a poder hacer la convergencia tecnológica que es brindar todos los servicios".
Además, anunció que la intención del Gobierno es que el nuevo contrato entre la AFA y una empresa privada que ponga fin al Fútbol para Todos contemple la gratuidad a través de la Televisión Abierta Digital, sistema que en la actualidad llega a 3 millones de hogares en todo el país.
En relación al ingreso de Clarín al cuádruple play, Aguad explicó que "Nextel ha solicitado poder brindar telefonía móvil y esa posibilidad está en estudio en el Enacom". "En enero se va a resolver la situación para que Clarín pueda ingresar al mercado de la telefonía móvil", expresó el ministro radical.
El ex interventor de Corrientes en 2001 recalcó que para el Gobierno "es muy bueno tener otro operador telefónico y si puede haber un quinto operador que pueda brindar telefonía regionalmente también sería muy bueno para que se conecte todo el país".
Al ser consultado sobre el futuro de las transmisiones de los torneos organizados por la AFA, Aguad dijo que "por la TDA va a ir gratis el fútbol", a lo que aclaró que la intención del Gobierno es que "cualquier acuerdo que se haga tenga incluida la TDA para todos gratis".
Radiografía del blanqueo de capitales: solo el 7% de los fondos se depositaron en el país.
El Gobierno brindó los números finales de lo que fue el blanqueo de capitales 2016. El llamado "sinceramiento fiscal", que continuará hasta marzo con una multa mayor, generó que se declaren bienes de antiguos evasores por un total de 94.943 millones de dólares, de los cuales U$S 7.275 millones fueron depósitos en el país.
Según los datos provistos por la propia AFIP, la gran mayoría se trataron de activos que se quedaron en el exterior: unos U$S 82.531 millones. La forma blanqueada más "popular" fue la de inversiones en el extranjero, con 37.748 millones de dólares, seguido por depósitos en el exterior, con poco más de 26 mil millones.
Por estos nuevos activos, la AFIP recaudó por única vez 106 mil millones de pesos, lo que explica que la recaudación haya crecido en los últimos meses pese a la recesión. La base imponible para Bienes Personales por activos en el exterior se incrementó un 208%, que ahora pasará a tributar ante el fisco argentino. Sin embargo, solo el 14% de esos fondos están en el país por lo que no tendrán el mismo impacto en cuanto a la oferta de crédito local, como auguró en conferencia de prensa el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.
El Gobierno vuelve a favorecer a Clarín por decreto: le permite dar servicio de 4G.
El Gobierno nacional comenzó el 2017 con la misma tendencia que el anterior: favoreciendo al grupo Clarín. A través de un decreto, el Ministerio de Comunicaciones que conduce el radical Oscar Aguad le permite al multimedios ingresar ya mismos al mercado de las telecomunicaciones y brindar servicio de 4G, en tanto que las telefónicas recién podrán dar servicio de TV por cable en 2018.
Con la firma de Macri, Marcos Peña y Aguad, el decreto 1340/2016 abre la posibilidad de que una misma empresa brinde el servicio de telefonía fija, móvil, Tv por cable y servicio de Internet, lo que se conoce como "cuádruple play".
Pero lo hace de forma diferencial. El servicio de cuádruple play solo estará vigente para las zonas de Capital Federal, conurbano bonaerense, Rosario y ciudad de Córdoba, dejando a criterio del ENACOM habilitarlo en el resto del país.
Lo más importante es que mientras las empresas que brindan servicios de televisión pueden ofrecer el cuádruple play a partir de este momento, las telefónicas recién podrán ingresar al negocio de la TV por cable a partir del 1 de enero de 2018.
A su vez, el decreto le da potestad al Enacom para reasignar frecuencias del espectro radioeléctrico "estableciendo compensaciones, obligaciones de despliegue y cobertura" y poder brindar servicios en esas frecuencias asignadas inicialmente para otro fin. Así, Nextel (de Clarín) podrá montar su red de 4G sobre las frecuencias ya asignadas y las telefónicas comenzar a dar el servicio de 5G sobre las ya existentes. El decreto establece además que en el plazo de seis meses se llamará a licitación para nuevas frecuencias de telefonía móvil.
De esta forma, el Gobierno avanza en cambiar por decreto las reglas de juego del mercado de los medios y las nuevas tecnologías de información y la comunicación, facilitando la expansión del grupo Clarín, principal aliado de la administración Cambiemos. Luego de voltear con un DNU los artículos de la ley de Medios que fueron ratificados por la Corte Suprema, el Gobierno prometió que en el transcurso del 2016 enviaría al Congreso un proyecto de ley de convergencia, la cual llegó pero sin debate y con la sola firma del Presidente.
Papel Prensa: denunciaron a Avruj por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, fue denunciado por incumplimiento de los deberes de funcionario público. La presentación, que quedó en el Juzgado Federal de Daniel Rafecas, señaló que el funcionario no apeló los sobreseimientos dictados en la causa por el traspaso de Papel Prensa.
Un decreto de 2010 establece que la Secretaría de Derechos Humanos debe actuar como querellante en ese expediente, donde se investiga si se cometieron delitos de lesa humanidad en esa venta de la compañía del Grupo Graiver a los diarios Clarín, La Nación y La Razón.
"Claudio Avruj, como secretario de Derechos Humanos de la Nación, resolvió que el Estado nacional, a través de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que él dirige y que es querellante en la causa 7111 conocida como Papel Prensa, no presente recurso de apelación ante la resolución de sobreseimiento de aquellos imputados a quienes la misma Secretaría de Derechos Humanos denunició, formuló denuncia y querelló en 2010. Esta decisión, tomada a voluntad y conciencia, y con dolo del secretario Avruj, se resolvió y ejecutó entre el 16 y el 26 de diciembre", indicó en el primer párrafo de su denuncia el abogado Pablo Llonto.
En esa causa, el juez federal Julián Ercolini dictó el sobreseimiento de la directora de Clarín, Ernestina Herrera de Noble; el CEO de esa empresa Héctor Magnetto y el directivo de La Nación, Bartolomé Mitre, entre otros.
En la presentación de cuatro páginas, Llonto señaló que el Decreto 1210, del 30 de agosto de 2010, instruyó a la Secretaría de Derechos Humanos para que actúe como querellante en la causa que se originó a partir del informe Papel Prensa SA La Verdad. A partir de ese mandato, el organismo promovió la querella e impulsó la causa. Esa tarea fue tomada por los distintos secretarios del área: primero por Eduardo Luis Duhalde, luego por Martín Fresneda y por el subsecretario Luis Alén.
Pero la situación cambió y -según detalló Llonto- desde el 10 de diciembre de 2015 cuando asumió Avruj: la actividad de la renombrada Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural fue "nula" en esa causa.
"Desde su asunción en el cargo, se preocupó por reunise con conocidos defensores o apologistas del terrorismo de Estado como los integrantes de la agrupación denominada Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celvyt) o Cecilia Pando", indicó Llonto y agregó: "Tampoco hubo pronunciamiento cuando el Servicio Penitenciario Federal, que depende del mismo ministro (de Justicia Germán) Garavano, sin consultar a jueces o tribunales dispuso el traslado de los genocidas a la 'prisión' de Campo de Mayo".
El traslado de los condenados por delitos de lesa humanidad está en línea con las reuniones que mantuvo el ministro Garavano con los defensores de represores nucleados en la Asociación Abogados por la Justicia y la Concordia. En esos encuentros, mantenidos en junio pasado, los abogados le pidieron a Garavano que sus condenados fueran beneficiados con prisión domiciliaria. El ministro les dijo que esa situación se iba "a solucionar", según relató el abogado Alberto Solanet, titular de la organización y hermano del secretario de Hacienda de la dictadura.
El sobreseimiento dictado por Ecolini -que consideró que no existió delito de lesa humanidad en el traspaso de Papel Prensa- fue apelado ante la Cámara Federal porteña por la querella de la familia Graiver, encabezada por la viuda del banquero David Graiver, Lidia Papaleo y del fiscal del caso Franco Picardi. "Avruj fue la única parte acusadora que no cuestionó la resolución de Ercolini", indicó Llonto y precisó que "incumplió los deberes de funcionario público" establecidos en el decreto de agosto de 2010 porque no existe otro decreto modificando esa decisión.
"Al no apelar, el licenciado Avruj, incumplió con sus deberes y causó al Estado un daño, ya que al menos por la vía de la imposiciónde costas el Ejecutivo deberá afrontar, en caso de quedar firme la resolución, el pago de las costas procesales que, como es sabido, incluyen los honorarios de los abogados de los imputados", concluyó Llonto y solicitó una serie de medidas de prueba.
El Gobierno ofrece $180 millones para rescindir el Fútbol Para Todos.
El vicepresidente de la Comisión Regularizadora Javier Medín, actualmente a cargo por la internación de Armando Pérez, informó hoy en una reunión llevada a cabo en la sede porteña de la AFA, que el Gobierno ofreció "un pago inicial de 350 millones de pesos, a ser depositado el próximo 5 de enero", por la cuota de diciembre y uno posterior de 180 millones por la indemnización.
Los clubes bajaron su pretensión de cobrar 1.050 millones por la indemnización a 880 millones, con un primer pago inmediato de 350 millones, otro de 350 millones en febrero y un posterior de 180 millones, en fecha a determinar.
Medín se reunirá este martes con el Secretario General de la Presidencia, Fernando De Andreis, y el director de FPT, Fernando Marín, para llevar la propuesta.
El Gobierno pretende -como requisito para la indemnización- la creación de la Superliga, cuyo estatuto no fue firmado hoy por Rosario Central.
El único presidente de los equipos “grandes” que participó hoy fue el de River Rodolfo DOnofrio, acompañado del vicepresidente segundo Matías Patanian. También tomaron parte representantes de Estudiantes de La Plata, Lanús, Banfield, Huracán, Atlético Tucumán, Defensa y Justicia, Vélez, Unión, Colón y Quilmes, entre otras instituciones.
El titular de Vélez, Raúl Gámez, dijo en rueda de prensa en la puerta de la AFA que “la idea sería formar la Superliga para ayudar a los otros clubes, pero no es fácil, porque están todos los clubes peleados por el tema económico”.
“Desde las elecciones de diciembre del año pasado -suspendidas tras un bochornoso empate en 38 votos entre 75 asambleístas- seguimos pagando las consecuencias”, sostuvo Gámez.
“Por la falta de dinero el Gobierno se quiere llevar por delante a los clubes, nosotros hemos hecho mal las cosas porque creímos en el gobierno y la Comisión Regularizadora y no fue así, fueron llevando a esta situación y ahí estamos sin dinero”, sintetizó el titular de la entidad de Liniers.
El presidente de Lanús, Nicolás Russo, señaló que "hay clubes que no sólo no le pueden pagar a sus jugadores, no le pueden pagar a sus empleados", y expresó que "dicen que no arranca el fútbol en febrero, y está en duda que (los clubes) puedan abrir sus puertas”.
Según Russo "hoy se fue el Ministro de Economía (en relación a la salida de Alfonso Prat Gay) con lo que el fútbol pasó a un segundo plano" y se consideró “no optimista, porque si esto no se arregla los clubes no pueden abrir", descerrajó.
Bonadio le regala a Lombardi equipos de cine que le quita a la Unsam.
La entrega del equipamiento fue a través de un convenio que realizó la UNSAM y el Estado y, según denuncian "fuentes anónimas", se realizaron "clandestinamente negocios privados audiovisuales" con esos sofisticados equipos, de acuerdo a lo consignado por Clarín.
Los equipo serán entregados por la UNSAM a Hernán Lombardi, titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, señala Bonadio en su resolución, que el 14 de diciembre notificó a Lombardi y al rector de la universidad, Carlos Rafael Ruta.
Los equipos se encuentran en el edificio donde funciona el Centro de las Artes de la universidad. Es un complejo sistema de 72 cámaras, denominado "Mocap" (por Motion Capture), similares a los que usan los grandes estudios de Hollywood, que registran el movimiento humano para transformarlo en cine de animación, únicos en Latinoamérica, y similares a los que usan los grandes estudios de Hollywood.
La tecnología es sofisticada y única en Latinoamerica, por lo que su presencia en una casa de estudios, dentro de su laboratorio de investigación, servía para innovar en el rubro.
Contradiciendo al gobierno, Manes reclamó más presupuesto para el CONICET.
El neurocientífico Facundo Manes se mostró en contra del recorte presupuestario al CONICET al señalar que "el presupuesto debería ser el doble". Manes, que coordina un equipo para estimular el capital mental de los niños, opinó que una "promesa" de campaña.
"Yo creo que el presupuesto debe ser del doble y el presidente Macri lo prometió en la campaña. La ciencia es el motor de producción de un país", señaló en diálogo con Código Político en Todo Noticias (TN)."El mundo apuesta al conocimiento", insistió el médico.
Juicio a Milagro Sala: cuarto intermedio hasta el miércoles para dar la sentencia.
El juicio contra la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, por un escrache al ahora gobernador Gerardo Morales en 2009 pasó a un cuarto intermedio hasta el miércoles próximo. La audiencia estuvo marcada por la represión de la policía provincial contra dirigentes del Frente para la Victoria.
Si bien se preveía que esta madrugada se dieran a conocer el veredicto, los alegatos se prolongaron y cerca de la 2:00 el tribunal decidió reanudar el debate el 28 de diciembre. "Dada la hora y que mañana el Tribunal tiene otra audiencia en una causa por lesa humanidad vamos a hacer un cuarto intermedio hasta el miércoles que viene", anunció el presidente del tribunal, Mario Juárez Almaraz.
La Fiscalía pidió 3 años de prisión condicional para Milagro Sala, mientras que la querella pidió 8 años, el máximo previsto en el Código penal para este tipo de delito.
En su alegato, la abogada de Sala, Elizabeth Gómez Alcorta, solicitó la absolución de los imputados. Anteriormente, había pedido continuar con la audiencia hasta dar el veredicto, algo que le fue negado. "Muchos de nosotros somos de Buenos Aires y se nos complica venir", argumentó.
Tras los incidentes registrados por la tarde, los dirigentes que viajaron desde Buenos Aires para asistir a la lectura del veredicto se encontraron con Sala en el interior del tribunal: entre ellos estuvieron el exministro de Trabajo Carlos Tomada y el exjefe de Gobierno porteño Aníbal Ibarra.
La audiencia estuvo precedida por una feroz represión en la que la diputada nacional del FpV, Mayra Mendoza, fue agredida por un agente de la Policía de Jujuy, de apellido Pereyra.
Milagro Sala fue detenida el pasado 16 de enero y desde entonces el gobierno jujeño la cargó de causas en su contra. Primero fue apresada por un manifestación frente a la gobernación, bajo la acusación de "tumulto" y luego se le imputaron delitos contra la administración pública por no haber desviado presuntamente fondos destinados a viviendas populares.
Tras su arresto fue alojada en el penal de Alto Comedero y, si bien en esta causa se la dejó seguir el juicio en libertad, continuó detenida por otras causas abiertas por supuesta malversación de fondos.
La detención de Milagro Sala se volvió un conflicto internacional para Macri, que ya recibió reclamos de la OEA, la ONU, el primer ministro de Canadá Justin Trudeau y organismos de derechos humanos como HRW y Amnistía Internacional para la libere.
La Policía de Morales reprimió a legisladores y dirigentes en Jujuy.
Diputados nacionales y provinciales, dirigentes políticos y referentes sociales que reclaman la liberación de Milagro Sala fueron reprimidos por la Policía de Jujuy cuando intentaron ingresar a los tribunales de esa provincia para la lectura del veredicto en el juicio contra la líder de la Tupac Amaru.
En medio de la represión, oficiales de la polícia provincial se llevó detenido al presidente del Consejo Delibertante de Hurlingham, Martín Rodríguez Alberti.
Además, una de las agredidas fue la diputada nacional Mayra Mendoza, quien denunció ante C5N: "Lo único cierto es que en esta provincia no hay estado de derecho y se violan todas las garantías constitucionales". Según denunció la legisladora del Frente para la Victoria, fue "golpeada" y "agarrada del cuello" por la Policía.
Está previsto que hoy el Tribunal Oral Federal dicte la sentencia en la causa por el escrache a Gerardo Morales de 2009. El edificio de los tribunales de Jujuy, donde en breve se leerá el veredicto del juicio por el "escrache" a Gerardo Morales producido en 2009, se encuentra vallado y la policía controlaba el ingreso.
Por la crisis, el Gobierno simplificó el trámite para subsidios a PYMES.
Ante la recesión económica e industrial, el Gobierno simplificó el trámite para que micro, pequeñas y medianas empresas accedan a los subsidios del Programa de Recuperación Productiva (Repro). Así quedó establecido a partir de una resolución del Ministerio de Trabajo, publicado en el Boletín Oficial.
Según lo dispuesto, las compañías deberán enviar la solicitud de adhesión a la dirección de correo electrónico prpmipymes@trabajo.gob.ar, con cuatro formularios que forman parte del anexo de la resolución.
Uno de esos papeles se relaciona con los datos básicos de la empresa, más la documentación obligatoria y las declaraciones juradas de legitimidad y conformidad del delegado del personal de la empresa y de ausencia de trabajo infantil.
Otro es el informe socio-económico-laboral, el tercer formulario es el de constitución de domicilio electrónico y el cuarto corresponde a la planilla de consentimiento, informado exclusivo para empresas cuya dotación sea inferior a 10 trabajadores.
Los Repro son una suma fija destinada a pagar salarios de una empresa en crisis hasta un monto equivalente al salario mínimo, vital y móvil actualizado a la fecha de otorgamiento y por un plazo de hasta 12 meses, destinada a completar el sueldo de su categoría laboral mediante el pago directo por ANSeS.
Rechazan una demanda de Sabbatella para anular el decreto que eliminó el Afsca.
La Sala I de la Cámara desestimó el recurso contra la sentencia de primera instancia que rechazó la acción de amparo promovida por Sabbatella, también ex titular del AFSCA, contra el decreto 267/15, dictado hace casi un año por el presidente Mauricio Macri.
El tribunal remarcó que el dictado de DNU es una "facultad excepcionalísima" que tiene el Poder Ejecutivo Nacional (PEN), que puede ser utilizada cuando una situación que requiere la intervención de los legisladores necesite una solución impostergable.
Los camaristas Manuel Grecco, Rodolfo Fazio y Clara Do Pico recordaron que los DNU deben ser enviados al Congreso Nacional para su ratificación y que solo en el caso de ser desaprobados por ambas cámaras legislativas, los mismos quedan sin efecto.
El DNU 267/15 "fue aprobado expresamente por la Cámara de Diputados, en tanto que la de Senadores a la fecha no se ha expedido", señalaron los camaristas.
"Hoy se termina la guerra del Estado contra el periodismo", dijo el 31 de diciembre de 2015 el Jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, cuando anunció el dictado del decreto que modificó la ley 26.522, sancionada en octubre de 2009.
Papel Prensa: el juez Ercolini sobreseyó a Magnetto, Mitre y Herrera de Noble.
El juez federal Julián Ercolini sobreseyó hoy a los empresarios de Héctor Magnetto, Bartolomé Mitre, Ernestina Herrera de Noble, Raymundo Podestá y Guillermo Gainza Paz en la causa Papel Prensa, en la que fueron denunciados por el Estado nacional durante la anterior gestión de gobierno.
"No existen en autos elementos objetivos, imparciales y que de modo unívoco puedan llevar a considerar, cuanto menos con un grado mínimo de probabilidad, que la venta de las acciones de Papel Prensa S.A., acaecida de hace 40 años, en noviembre de 1976, hubiera sido parte, hubiera derivado o hubiera estado condicionada por la comisión de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar ocurrida en la Argentina", indicó el fallo.
Ercolini, que ya había rechazado el pedido de indagatorias a los directivos imputados, finalmente sobreseyó a Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto, Guillermo Gainaza y Bartolomé Mitre, entre otros.
Los querellantes Lidia Papaleo de Graiver y Rafael Ianover (ex vicepresidente de la compañía), denunciaron que fueron obligados a ceder el paquete accionario, luego de ser secuestrados y torturados el 2 de noviembre de 1976, tres meses después de la muerte de su dueño, David Graiver, en un misterioso accidente aéreo.
Cristina Kirchner destruyó a Bonadío luego de sobreseer a funcionarios de Cambiemos.
La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner cuestionó al juez federal Claudio Bonadio por sobreseer a los funcionarios de Cambiemos que estaban imputados en la causa Dólar futuro: "Toda la movida en Comodoro Py alrededor de causa exhibe el alineamiento del aparato judicial contra los anteriores funcionarios".
A través de su cuenta de Twitter, publicó fragmentos de una nota de Página/12 y marcó un párrafo donde menciona a los funcionarios beneficiados por la decisión del magistrado mencionado en una servilleta como "juez adicto" al gobierno de Menem.
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Reflexiones sobre la inseguridad ante el delito.
Impotencia, ante los problemas que la desbordan desempleo, pobreza, inflación, recesión, ancianidad y niñez desatendida, corrupción en el Estado, inseguridad ante el delito y tantos otros.
Temor, fundamentalmente, ante un futuro que no se puede vislumbrar de manera positiva.
Por si fuera poco, en medio de todas esas vivencias, opera casi de manera instintiva un “sálvese quien pueda”, que agudiza el cuadro de situación y tiende a generar salidas individuales, por sobre la búsqueda de soluciones integrales y solidarias.
No es el caso de este artículo profundizar toda la temática sugerida, pero sí poder detenernos en uno de los aspectos señalados como disparadores de vivencias negativas, cual es la inseguridad que se genera por la violencia delictiva que hiere y preocupa a la comunidad.
Imputaron a Macri, Prat Gay y Peña por incorporar al blanqueo a familiares de funcionarios.
El fiscal federal Guillermo Marijuan imputó este martes al presidente Mauricio Macri por modificar una ley por decreto para que los familiares de funcionarios públicos puedan ingresar al blanqueo de capitales.
La imputación también recayó sobre el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, tras una denuncia penal de la diputada de Libres del Sur, Victoria Donda, y otros legisladores.
Peña esta mañana volvió a defender la norma cuestionada y dijo que los funcionarios tienen "una enorme tranquilidad" sobre su legalidad.
Por su parte, Marijuán respondió afirmativamente a la consulta que le formuló el juez federal Ariel Lijo ante la denuncia de Donda, quien argumentó que la reglamentación de la ley y el decreto que añadió a parientes de funcionarios al blanqueo es ilegal.
"Tenemos la plena convicción de que lo que se hizo con el decreto de los familiares no está dentro de esas tipificaciones que plantea el fiscal. Hay una enorme tranquilidad por la medida que hemos tomado", sostuvo Peña, en una conferencia de prensa en el centro cultural CCK.
El dictamen de Marijuán no es formalmente una "imputación" sino el impulso de la investigación por la presunta comisión de un delito de acción pública, que en este caso se insinúa como "incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad".
La denuncia sostiene que, por decreto, el Poder Ejecutivo modificó el espíritu de la ley, que en su redacción aprobada en el Congreso excluía del blanqueo a familiares de funcionarios, y por decisión del Ejecutivo, sin intervención del Parlamento, los incluyó.
Marijuán pidió al juez Lijo una serie de medidas de prueba, entre ellas copias certificadas de la ley, el decreto en cuestión, y las actas del debate parlamentario sobre la ley de blanqueo.
Se trata de un primer paso en una investigación en la que, de momento, no hay querellantes, sino que sólo es impulsada por la fiscalía.
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Un intendente explotó contra Cambiemos: "Que dejen de hablar pelotudeces".
El intendente de Ensenada, Mario Secco, estalló contra el gobierno de Mauricio Macri por las políticas de ajuste que provocan desempleo y merma en las ventas de los comercios. "Si Ensenada no explota es gracias al trabajo de la intendencia", resaltó.
Tras advertir que desde la asunción de Macri y de Vidal en la provincia de Buenos Aires, el municipio tuvo que hacerse cargo de viáticos e insumos para la Policía, los hospitales, las escuelas y aumentar la partida presupuestaria para comedores y merenderos, Secco apuntó: "Cumplieron un año y desaparecieron. Cuando le preguntás cuándo te pagan lo que te deben, desaparecen. Decir que propiciamos que las fiestas terminan mal, me da bronca". Y disparó: "Que el gobierno deje de hablar pelotudeces".
Secco señaló, en diálogo con AM Del Plata, que "el gobierno nacional paró todas las obras y no quiere a la industria nacional" y eso genera consecuencias en Ensenada. "La gente tiene una necesidad muy fuerte. Acá en Ensenada, con los emprendimientos y la obra parada, tengo 5 mil desocupados más y los comercios venden un 35 por ciento menos", afirmó.
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Un año en el poder: los diez programas eliminados o vaciados por Mauricio Macri.
Al momento de aplicar las políticas de ajuste económico, Cambiemos explica que se debe a la "pesada herencia" que le dejó el kirchnerismo. En ese accionar, el gobierno de Mauricio Macri aplica recortes a políticas sociales, educativas y de acceso a la justicia que afectan, principalmente, a los sectores sociales más vulnerables. El Destape tomó 10 de esos programas y estas fueron las consecuencias:
1. Conectar Igualdad
Luego de su nacimiento en 2010, este programa repartió 5.400.000 netbooks a todos los estudiantes y docentes de establecimientos públicos de educación secundaria, especial y de formación docente. Este año, el Ministerio de Educación y Deportes despidió a los 60 empleados del equipo central y solo 6 se quedaron en este programa.
Se priorizaron los perfiles técnicos por sobre los pedagógicos y se desmanteló la área que desarrollaba las capacitaciones, realizaba talleres en escuelas y organizaba encuentros nacionales. Bajo la gestión de Esteban Bullrich solo se repartieron 200 mil computadoras y no se cubrió la totalidad del alumnado que ingresó este año al secundario y se trataba de un remanente de la gestión anterior.
2. Asistir
El gobierno de Mauricio Macri recortó fuertemente el programa Asistir, que depende del Ministerio de Trabajo, a través del cual se brinda información y asesoramiento sobre sus derechos laborales. Cumple una importante función social ya que los principales demandantes de este asesoramiento son personas de bajos recursos.
Hasta diciembre contaba con 20 abogados, dos psicólogos y tres administrativos. Pese a la gran cantidad de despidos, que se aceleraron en el segundo semestre, hoy Asistir funciona con 10 abogados y sin asistencia psicológica.
3. Progresar
En paralelo a los despidos que hubo en el Ministerio de Hacienda y Finanzas, más de 300 mil jóvenes dejaron de percibir el beneficio económico del Progresar. De los 130 despidos en la cartera de Alfonso Prat-Gay, 100 fueron aplicadas sobre los trabajadores del programa lanzado en enero de 2014 por Cristina Kirchner, que quedó sin personal.
El recorte en el Progresar ya se refleja en el número de jóvenes que acceden al beneficio: era más de 960 mil en noviembre pasado y en abril de este año se redujo a 600 mil, según informó el propio Gobierno. Gran parte de los despedidos integraba la red territorial, cuya función era llevar información sobre el programa puerta a puerta en zonas del interior del país donde se hace difícil acceder a ese tipo de información.
4. Argentina Sonríe
El gobierno de Mauricio Macri decidió derogar el programa Argentina Sonríe, lanzado por Cristina Kirchner en diciembre de 2014 y que había atendido a 31.900 personas. Hasta diciembre de 2015 había 2316 personas en tratamiento y 3300 prótesis instaladas. Además, había 626 talleres de prevención de salud bucodental con 11638 participantes. Se hacía limpieza de dientes, arreglo de caries, tratamiento de conducto, extracción dental y colocación de prótesis. Según la resolución publicada en el Boletín Oficial el 21 de octubre, que lleva la firma del ministro Jorge Lemus, la decisión fue por cuestiones técnicas.
El corte abrupto del programa, que era gratuito, generó una fuerte demanda a nivel municipal de asistencia odontológica debido a que había tratamientos que estaban inconclusos y cuyos costos en el sector privado oscilan entre 8.000 y 15.000 pesos.
5. Centros de Atención Judicial (CAJ)
Desde la asunción de Mauricio Macri, los Centros de Atención Judicial (CAJ), que ofrecían un servicio gratuito de asesoramiento jurídico, derivación institucional, acompañamiento psicosocial y mediación comunitaria, fueron desmantelados. Hasta diciembre pasado existían 82 CAJ, pero Cambiemos cerró al menos 30, en su mayoría en el conurbano bonaerense, y despidió a más de 200 trabajadores.
6. FinEs
Si bien este programa, a través del cual se puede finalizar los estudios secundarios, continúa vigente, el Ministerio de Educación y Deportes lo trasladó a las provincias que, debido al escaso presupuesto con el que cuentan, tuvieron que ajustar el programa y abrir menos comisiones. Más grave aún, a través de una resolución publicada en abril, la gestión de Esteban Bullrich dio de baja en FinEs en las Universidades, donde ya no se podrán inscribir nuevos alumnos a partir del año que viene.
7. Jóvenes por Más y Mejor Trabajo
Este programa nace en plena crisis internacional del 2008 y apunta a jóvenes de entre 18 y 24 años que no hayan terminado la secundaria. el objetivo es la inclusión social y laboral personas afectadas por el desempleo y la precarización laboral.
Hasta diciembre pasado el programa contaba con 21 trabajadores y ahora solo quedaron 7 debido a despidos y reubicaciones. Si bien el contenido de los cursos donde se le hace conocer a la persona sus derechos y obligaciones laborales no cambió, la llegada al territorio, principalmente enfocado en barrios vulnerables, bajó considerablemente al punto de que cayó a la mitad la cantidad de adherentes al programa.
8. Programa de Salud Sexual y Reproductiva
La gestión del ministro de Salud, Jorge Lemus, echó a 55 profesionales que pertenecían a este programa. Sólo 19 conservaron el puesto, pero fueron reubicados en otros sectores. Así, se redujo la capacidad de acción y abordaje territorial de esta área que, en 2015, distribuyó en centros de salud de todo el país 33.212.649 de métodos anticonceptivos.
Quedaron muy afectadas las Áreas de Monitoreo y Evaluación, Fertilidad, Diversidad, Comunicación y Promoción Comunitaria. Hay una imposibilidad de contar con información fidedigna sobre la distribución de métodos anticonceptivos, el seguimiento sobre las prestaciones realizadas por los efectores de salud en los distintos niveles de atención, el seguimiento de la organización de los servicios y la calidad y atención de los mismos. Esto dificulta gravemente la toma de decisiones de la política pública en torno de los derechos sexuales y reproductivos.
9. Plan Qunita
Mediante la resolución 454, publicada en abril en el Boletín Oficial, el Ministerio de Salud dio de baja el plan Qunita con el pretexto de que los elementos que acompañaban las cunas eran "muy riesgosos". El objetivo de Qunita era reducir la muerte súbita de bebés menores de un año y se entregaba de forma gratuita a mujeres beneficiarias de la asignación universal por embarazo.
Tras la entrega de 67 mil kits, en septiembre pasado el juez Claudio Bonadio rechazó acondicionar los objetos y, pese al repudio de neonatólogos y pediatras, ordenó la destrucción de 60 mil kits. UNICEF cuestionó la decisión y pidió que se revean los aspectos técnicos. Bonadio cambió de opinión y dijo que reutilizar los materiales del Plan Qunita es decisión del Ministerio de Salud.
10. Argentina Innovadora 2020
Luego del recorte de 3.000 millones de pesos en el presupuesto del Ministerio de Ciencia y Tecnología para 2017, las consecuencias se empiezan a observar en los programas de la cartera que conduce Lino Barañao. Desde el CONICET denunciaron que para el año próximo ingresarán un 60% menos de investigadores al organismo, lo que representa la cifra más baja desde 2004.
Esto choca contra el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva "Argentina Innovadora 2020", que se lanzó hace tres años y que fijaba el objetivo de alcanzar 5 investigadores por cada mil habitantes de la población económicamente activa.
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Denuncian penalmente a Majul y Lombardi por el contrato del millón.
El diputado nacional Rodolfo Tailhade presentó este martes una denuncia penal ante la Justicia Federal por la polémica compra realizada por parte de la secretaría de Hernán Lombardi a la productora La Cornisa, perteneciente al empresario de medios Luis Majul, por los derechos de un video de 4 minutos a cambio de cerca de un millón de pesos.
El legislador del Frente Para la Victoria solicitó abrir una investigación en perjuicio del conductor televisivo y dueño de La Cornisa Producciones, el titular de la Secretaría de Medios Públicos, y de los posibles funcionarios involucrados en la irregular contratación por "defraudación contra la administración pública y negociaciones incompatibles". La demanda recayó en el Juzgado Criminal y Correccional número 2, a cargo de Sebastián Ramos.
En este sentido, Tailhade describe que la compra de "los derechos del video", tal como describió Lombardi, es cuanto mínimo "llamativo", dado que la productora de Luis Majul ya había recibido un subsidio no reembolsable de Santa Fe para llevar a ese distrito la muestra completa y no sólo video "De Walsh a Lanata, 40 años de periodismo argentino", a cambio de unos trescientos mil pesos ($300.000), lo que representaría un tercio de lo que percibió por el corto, que es parte de la exhibición en cuestión.
Además, en escrito presentado este martes ante la Justicia, el diputado resalta que "la cronología de las relaciones políticas y económicas de Luis Majul con el actual gobierno distan de la vinculación al recientemente estrenado film que Lombardi invoca", y asegura que el empresario de medios, entre 2008 y 2014, recibió "más de 300 contrataciones por casi 14 millones de pesos" por parte del gobierno porteño, de las cuales "algunas de ellas" se dieron "de manera directa, sin licitación, para la realización de eventos y servicios de distribución de folletería".
Es por esto que el diputado nacional solicitó "establecer si el pago en cuestión no está asociado a otro tipo de contraprestaciones comunicacionales del principal beneficiario de esta contratación", dado que, entiende, Majul es un "periodista de alto reconocimiento, formador de opinión pública y analista permanente de la política nacional".
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Un año fuera de la ley Por Gonzalo Carbajal
Es raro esto de nombrar como nuevo a un gobierno que lleva un año y además remeda versiones anteriores. El brutal endeudamiento de estos meses nos trae a la memoria al autodenominado Proceso de Reorganización Nacional. La persecución judicial y la recesión provocada nos recuerdan la idea de hacer desaparecer de la historia al peronismo y a la ¨columna vertebral”, el movimiento obrero. La detención irregular de Milagro Sala horada el frente externo.
En materia de comunicación el año que culmina se parece mucho al menemismo en su vocación re-reguladora, con extranjerización de medios y fuerte concentración. Pero el panorama no es tan simple. Para poder tener un balance más abarcador la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD) convocó a el 2º Encuentro Federal por la Comunicación Democrática el viernes pasado. Producto de esa actividad es fruto el documento del cual hemos tomado el título para esta nota y que intentaremos comentar en la idea de que la comunicación no es un tema de periodistas y dueños de medios. La sociedad toda debe involucrarse en su planificación, diseño y gestión en tanto la frontera entre política y comunicación es cada vez más difusa.
Los más de 150 participantes del encuentro propiciado por la CCD, enumeraron una serie de aspectos que van desde decisiones de gestión hasta intenciones políticas en los que podemos encontrar la mano de las espadas que se hicieron conocidas por su oposición acérrima a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) que reemplazó al decreto-ley de la Dictadura -es bueno recordarlo-.
Comienza el documento caracterizando la situación actual como “de riesgo” para la comunicación social y la libertad de expresión en función de haber decidido impulsar por Decreto de necesidad y Urgencia cambios que hubieran requerido de una Ley del Congreso Nacional. Así, la pluma de Mauricio Macri y alguno de sus ministros terminó resolviendo por sobre la voluntad de millones de compatriotas que habían participado del proceso de construcción de una legislación más amplio del que se tenga memoria. Por decreto Macri resolvió disolver la AFTIC y la AFSCA (órganos que regulaban las actividades de las telecomunicaciones y la comunicación audiovisual) y los comprimió en un solo ente cuya mayoría controla el Poder Ejecutivo. Junto con ello se cargó la representación territorial y sectorial en los Consejos Federales que acompañaban la gestión como órganos participativos revisores y de dictado de políticas.
La desaparición del Fútbol para Todos como instancia de recepción gratuita de contenidos deportivos, la entrega de frecuencias del espectro radioeléctrico sin concurso para beneficio de sociedades privadas y la autorización para que empresas ya dominantes en el mercado adquieran otras con las que consolidan sus posiciones son parte de lo que se trató el viernes pasado en el Congreso Nacional.
Claro que todo esto no se hace a la vista de todos, la oscuridad en las decisiones es la norma. El Ente Nacional de Comunicaciones (que reemplazó a AFSCA y AFTIC) continúa sin publicar sus actas de reuniones. A espaldas de la sociedad de toman decisiones que consolidan el poder de los más poderosos. Mientras dilatan el pago de dinero adeudado de los concursos establecidos por ley, hacen un simulacro de debate en reuniones cerradas, sin acceso al público y ofrecen una “ventanilla de participación” por medio de un formulario en el que caben trescientos caracteres. Así fueran tres mil, estaríamos en la misma posición. Las políticas de comunicación se deben discutir de cara al conjunto de la sociedad y no entre cuatro paredes.
La concentración tiene una consecuencia directa: la censura. El poder dominante de unos pocos ahoga la pluralidad en los medios de comunicación. Menos programas, menos canales, menos trabajo. Es un círculo vicioso que sólo favorece a los dueños de los medios más grandes y a los poderes políticos con los que se asocian para extraerles favores. Historia repetida.
Una de las experiencias más novedosas que trajo la Ley de SCA fue la creación de la Defensoría del Público. Pues bien, terminado el mandato por cuatro años de la primera defensora, la Alianza Cambiemos con la anuencia del Frente Renovador ha resuelto dejar acéfalo a este órgano.
Las ciudades pequeñas y medianas conocen bien el fenómeno de la retransmisión de contenidos generados en Buenos Aires. La repetición de emisiones creadas y concebidas para otro lugar actúa como tapón a contenidos locales y al trabajo de decenas de miles de personas en toda la Argentina. Para complicar más las cosas, o para favorecer a las emisoras más grandes de Buenos Aires, la firma de Macri decidió ampliar el tiempo permitido para retransmitir, ahora se puede hacer hasta la mitad del tiempo en el aire, antes el límite era un tercio.
Todos estos temas y algunos otros son denunciados en el documento de la CCD que es producto del encuentro relatado, pero que recoge el debate de meses a lo largo y ancho del país en todas las ciudades donde la Coalición tiene funcionamiento.
Los desequilibrios entre Norte y Sur, entre la Capital Federal y el resto del país, entre las capitales de las provincias y el resto de su territorio, no son nuevos. Pero no por viejo el debate deja de ser necesario. Mucho menos cuando desde fines de 2009 una Ley del Congreso nos había puesto a la cabeza del mundo. De un mundo que quería ser soberano y entendía que sin cambiar el modo en el acceso y distribución de la información y las comunicaciones era casi imposible pensar en una verdadera democracia.
El documento referido culmina señalando un camino. Dice que “El derecho humano a la comunicación requiere hoy acceso universal y gratuito a redes de banda ancha y las plataformas que permiten intervenir en el flujo de contenidos digitales. Los contenidos han sido y son el motor que impulsó el exponencial desarrollo de las TIC (Tecnologías de la Información y el Conocimiento). El desafío es equilibrar los flujos de circulación de manera horizontal y preservar los contenidos nacionales y regionales sin interferencias, favoritismos o imposiciones de mercado”.
Difícil para un gobierno que ha hecho de la ampliación de brechas y los desequilibrios su manera de gobernar. Complicado para los CEOs que pueblan la Casa Rosada y que piensan solo en negocios. Para ellos hablar de “políticas activas de conectividad universal, alfabetización digital, fomento de la apropiación popular de las tecnologías e impulso a contenidos locales y nacionales” es directamente hablar otro idioma.
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La Coalición denuncia acciones ilegales del gobierno
La Coalición denuncia acciones ilegales del gobierno: la comunicación está en peligro
Por: Comuna
Las acciones gubernamentales, en un año de gestión, ponen en riesgo la vigencia del derecho a la comunicación y a la libertad de expresión, dice la declaración final de la organización que agrupa a medios cooperativos y sindicales, universidades, comunicadores, productores radiales y audiovisuales, músicos, actores, televisoras y radios comunitarias, y muchas otras organizaciones y sectores.
En un plenario nacional realizado el 2 de diciembre en una sala del Anexo de la Cámara de Diputados, gracias a la gestión de legisladores opositores, representantes de varias provincias informaron sobre la situación de los medios no comerciales y respecto de la acción de los capítulos locales de la Coalición, en algunos casos sobre avances y en otros sobre dificultades para resistir la ofensiva gubernamental contra la comunicación democrática.
El Destape te explica por qué se beneficia Franco Macri con los nuevos cambios del blanqueo.
Mientras desde la jefatura de Gabinete, Marcos Peña, defendió el decreto que incorporó a todos los familiares de funcionarios públicos al blanqueo de capitales y, paradójicamente, negó que algún integrante del Gobierno pueda salir favorecido por esta medida, Iván Schargrodsky y Dario Gannio te muestran por qué es falso.
La medida se establece en su artículo 6 que la "exteriorización de capitales" podrá ser realizada en los casos de bienes y tenencia de moneda que puedan acreditar que son anteriores al momento en el que su familiar haya ingresado al Estado.
Esto permitiría que, por ejemplo, Mariano Macri, hermano del presidente, pueda declarar, en caso de tenerlas, cuentas offshore que haya abierto en los 80 y 90, cuando estuvo activa la firma Fleg Trading, descubierta en el escándalo internacional conocido como los Panamá Papers y de la cual era director.
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Echaron a un humorista crítico de Macri en Radio Nacional.
Max Delupi es el conductor del programa de Radio Nacional "La Coca es pal Fernet" y su programa fue borrado de la grilla de la emisora para el año que viene.
Según Delupi contó a El Destape, esta decisión de la radio pública se debe meramente a una cuestión política. "Después de cinco años me dejan afuera de la programación. Dicen que quieren hacer una radio federal y me sacan a mí que represento a Córdoba. Dicen que van a poner un programa de San Juan, pero en realidad es por una cuestión política", afirma.
El periodista era muy crítico con la gestión de Mauricio Macri. "Si fuéramos unos olfas seguro seguiríamos", contó a este portal. La radio esta bajo la órbita de Hernán Lombardi, el titular del Sistema de Medios públicos y uno de los referentes del relato macrista.
En su cuenta de Twitter escribió: "Nos vamos de Nacional con el orgullo de no ceder la palabra al hambre y la desocupación". Y agregó en otro mensaje: "Triste es quedar en la historia como un tipo que censura a otros". Y expresó: "Todavía no nació el liberal que me deje sin micrófono. Nunca nos vencer porque no tienen razón histórica. Son proletarios del sentido".
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Tras once meses, el Gobierno de Macri avanza en la demorada Ley de Medios.
Luego de destruir la Ley de Medios aprobada por los tres poderes del Estado, el macrismo después de once meses avanza en una nueva ley de Telecomunicaciones y de Medios. Según el oficialismo, es con el objetivo de ofrecer una "infraestructura adecuada", que le permita a los ciudadanos tener "acceso a internet de banda ancha".
Así lo manifestó la directora del Enacom, Silvana Giudici, en declaraciones formuladas en la Casa Rosada, donde participa de un encuentro preparatorio para la constitución del Consejo Federal de Comunicaciones (Cofeco). Ese consejo consultivo estará conformado por las provincias, los sindicatos y las organizaciones sin fines de lucro.
La funcionaria confirmó que hoy se está "trabajando en una nueva ley de Telecomunicaciones y de Medios", y adelantó que el objetivo es "tener una infraestructura de comunicaciones adecuada y que cada ciudadano tenga acceso a internet de banda ancha".
Respecto a la unificación de la ley de Telecomunicaciones y Medios, Giudici afirmó que "la premisa es la pluralidad de voces", y aclaró que la iniciativa propone que haya "un marco regulatorio que no permita que haya una sola voz preponderante". Y adelantó que "en marzo del año próximo" le presentarán al presidente Mauricio Macri la propuesta para ser enviada al Parlamento.
Telefónica amenaza con denunciar al gobierno de Macri por beneficiar a Clarín.
El gobierno de Mauricio Macri intenta evitar un fuerte conflicto con Telefónica, la principal compañía de telecomunicaciones, y le pide que dialogue con el Grupo Clarín para limar sus diferencias sobre las reglas del mercado.
Telefónica, que opera en Argentina desde 1990 y controla cerca de un tercio del mercado de telefonía móvil del país, se quejó de que Cambiemos favoreció a Clarín desde que llegó al poder en diciembre.
El enojo pasa porque Clarín arregló los activos de telefonía móvil y espectro con planes para vender paquetes de Internet, televisión por cable, telefonía fija y servicios móviles. Mientras que Telefónica no puede ofrecer paquetes similares porque Macri extendió la prohibición de que los operadores telefónicos lo hagan por lo menos a principios de 2018.
Clarín no ha comenzado a ofrecer servicio telefónico porque todavía necesita la aprobación final del Gobierno, mientras que Telefónica en julio presentó una queja alegando que Clarín adquirió injustamente sus licencias de telefonía móvil. Una resolución consensual permitiría a Macri evitar ser percibida como favorecedora de un lado sobre el otro.
Según detalla la agencia de noticias Bloomberg, Telefónica envió a dos altos ejecutivos a la Argentina para tener reuniones con funcionarios del Gobierno. Telefónica le advirtió al Gobierno que buscará un arbitraje en el Centro Internacional de Arreglo de Disputas sobre Inversiones del Banco Mundial (CIADI).
Otra preocupación para Telefónica es que el Gobierno podría autorizar la adquisición por parte de Clarín de Telecom Argentina SA, principal rival de telefonía fija de Telefónica, y así combinar su unidad de TV por cable con Telecom.
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SENSACIONES,REALIDADES Y ANHELOS SOCIALES Por el Dr Rodriguez Villafañe
SENSACIONES, REALIDADES Y ANHELOS SOCIALES
La inseguridad jurídica es uno de los sentimientos que más angustian en este momento. Se percibe tramposa la realidad y todo se vuelve precario. La sensación de injusticia nos inunda y la vivimos como náufragos librados a la suerte.
En Democracia la ley y su aplicación debe buscar, siempre, de buena fe y de manera previsible, construir una sociedad justa, igualitaria, equitativa y solidaria, y con mayor razón en este momento de tremenda crisis social, económica y política.
Resulta importante reflexionar sobre la profunda y desagradable sensa-ción de desazón que existe en nuestra sociedad. Esta sensación tiene mucho que ver con la crisis de una política, como la actual, que tornó absoluto un mo-delo económico, sin compensarlo o adecuarlo a una estrategia integral de de-sarrollo humano y de país. Lo que ha generado, entre otras manifestaciones, una particular división de nuestra sociedad. En la realidad palpable de nuestra Argentina se puede observar la existencia de tres grupos que socialmente vi-ven de manera patológica el sistema que nos rige. Ellos son los que podemos denominar como los privilegiados, los excluidos y los rehenes.
La excusa de Lombardi sobre el bajo rating de los medios públicos.
El titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, relativizó la caída del rating de los medios de comunicación públicos. En esa línea, señaló que las radios y los canales estatales no deben "competir contra el minuto a minuto".
Para Lombardi, "en una Argentina plural y diversa, lo público tiene que representar esa diversidad y complementar a lo privado". En 2016, el rating de los medios de comunicación estatales cayeron a menos de la mitad comparados con el 2015.
En el contexto de una sesión del 13° Consejo Federal de la Televisión Pública, que se realizó en el salón del Hotel Amerian Casino Galas de la ciudad de Resistencia, Lombardi afirmó: "Si bien a todos nos gusta que nos vea mucha gente, nuestra responsabilidad es que los contenidos públicos, que son esenciales, sean de excelencia, culturales, educativos, sociales y gratuitos".
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La UIA desmintió a Macri y no garantizó que no habrá más despidos.
Lo que parecía ser una victoria del gobierno de Mauricio Macri, se desvaneció en poco tiempo. El ministro de Trabajo, Jorge Triaca y el viceministro de Gabinete, Mario Quintana, aseguraron en conferencia de prensa que hubo "un compromiso de no despedir hasta marzo de 2017" junto a empresarios y dirigentes de la CGT.
Sin embargo, el vicepresidente primero de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, advirtió que nadie, ni esa entidad ni el Gobierno, tiene potestad para evitar despidos ni por cuatro meses.
Funes de Rioja afirmó que la entidad "no" tiene "facultad para obligar" a los empresarios a no despedir personal, pese al promocionado acuerdo. "La UIA no tiene estatutariamente facultades para obligarlos" ni a evitar despidos ni a otras cosas", remarcó De Rioja.
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Beatriz Paglieri Desmiente
Atenta a la difusión por parte de los medios de una denuncia que me involucra, de la cual no he tomado conocimiento ni notificación alguna al momento, me siento en la obligación y con el derecho a informar que:
• NO conozco, NI he tratado, a las personas involucradas en los hechos denunciados.
• NI la Secretaria de Comercio Exterior a mi cargo, NI yo en forma
personal hemos tenido jamás participación alguna en el tratamiento y/o
aprobación de las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación
(DJAI) ni de las Declaraciones Juradas Anticipadas de Servicios (DJAS).
Alguna prensa, que ya sabemos cuál es, utiliza de forma malintencionada la difusión de una noticia sobre una denuncia que un fiscal, en el ejercicio de sus funciones, está obligado a realizar.
Este proceder se inscribe en el marco de la estrategia de difamar a todos aquellos que hemos participado del informe PAPEL PRENSA, LA VERDAD y que defendemos la causa Nacional y Popular.
No obstante todo lo dicho, estoy a disposición de la Justicia para colaborar en lo que fuera posible para el esclarecimiento de los hechos denunciados y dilucidar si hubo personas que cometieron delitos invocando falsamente mi nombre.
Lic. Beatriz Paglieri
Firman el segundo compromiso antidespidos.
El Gobierno llegó con empresarios y sindicalistas a un "compromiso de mantener los puestos de trabajo" hasta marzo de 2017. En conferencia de prensa tras la reunión de la Mesa de Diálogo para la Producción y el Trabajo, el ministro laboral, Jorge Triaca, informó que se llegó a un "compromiso de mantener los puestos de trabajo" hasta marzo de 2017.
"Tenemos que poner la productividad como una batalla de todos, no de unos contra otros. Habrá que ver si hay convenios que están frenando esto", agregó el secretario de Coordinación de Políticas Públicas, Mario Quintana.
A la vez, Quintana indicó que también se trataron "temas estructurales que hacen a la competitividad de la Argentina" y anunció que habrá tres mesas sectoriales (construcción, agropecuario y logística) y cuatro temáticas (desarrollo de proveedores, empleo para jóvenes, capacitación y empleo en negro).
En mayo el Gobierno ya había logrado un acuerdo similar con los empresarios por 90 días, pero fue incumplido desde la semana siguiente por la mayoría de las compañías firmantes. Mauricio Macri prefirió este acto simbólico y vetó la ley antidespidos que había sido sancionada en el Congreso.
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Ataque a la libertad de prensa: el Gobierno no descarta mover la sala de la Rosada.
El jefe de Gabinete, Marcos Peña, reconoció la iniciativa del gobierno de Mauricio Macri de trasladar la Sala de Periodistas de la Casa de Gobierno, en el marco de un "plan de mejoras" que se desarrolla en el lugar, pero aseguró que se efectuaría en "consenso" con quienes allí desempeñan funciones.
Peña señaló que "dentro de todo el plan que se está haciendo de mejoras y de recuperación de la Casa Rosada, se está analizando la posibilidad de mejorar las condiciones físicas para el trabajo de los periodistas, pero se hará en consenso con todos los periodistas acreditados".
Sin embargo, cuando se le planteó si podría comprometerse a que la Sala permanecerá en el mismo lugar, del primer piso de Balcarce 50, el funcionario respondió: "El compromiso es a dialogar".
Según trascendió, el Gobierno proyecta alejar la Sala de Periodistas del despacho presidencial, que funciona en el mismo piso, bajo el argumento de eventuales reformas edilicias, aunque la iniciativa coincide con las dificultades crecientes que encuentra la prensa para acceder a los funcionarios.
Lavagna redobló sus críticas contra Macri: "Este Gobierno termina en el colapso".
El ex ministro de Economía Roberto Lavagna insistió en que "este tipo de modelo que combina tasas de interés fenomenalmente altas, dólar fijo o cayendo, el bolsillo del grueso de la población enflaqueciéndose, el empleo debilitándose, indefectiblemente requiere el endeudamiento externo e indefectiblemente termina en una situación de colapso".
"Éste es un modelo de ajuste. Cuando vos tenés que el salario ha caído alrededor del 8%, cuando vos tenés cifras oficiales que dicen que se han perdido 120.000 puestos de trabajo en blanco, más una cifra indefinida -pero no inferior a ésta- de trabajos en negro; cuando tenés la tasa de inflación actual, con tasas de interés altísimas, como las de los últimos siete u ocho meses, y con un dólar que se empieza a atrasar, tenés un modelo de ajuste", advirtió Lavagna.
El economista que integra el Frente Renovador agregó que se trata de "un modelo que funciona con endeudamiento, cosa que empieza a ocurrir".
"Hablando de macroeconomía, no hay miles de modelos. Hay modelos de ajuste, en general con atraso cambiario, la tablita de la época de los militares, la convertibilidad de la época del gobierno democrático de Menem, y hay una visión alternativa, del otro extremo, populista, que en general tiene un componente de atraso cambiario. En algo se identifican. El actual (modelo) se identifica cada vez más con el final del gobierno de Cristina Kirchner en esa materia", dijo Lavagna en declaraciones al diario La Nación.
Al ser consultado sobre las críticas que recibió del ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, consideró que "cuando uno dice algo que molesta al gobierno de turno, enseguida te tiran los perros encima".
Y sobre la comparación que hizo Prat Gay entre él y Hebe de Bonafini, respondió: "¡Qué elegancia! ¡Qué sutileza! Si ésta es la manera con la que analizan la realidad argentina, estamos mal. Si ésta es la dirigencia y, sobre todo, la que pretende ser la nueva dirigencia, estamos mal". "Digamos las cosas como son: la tasa de interés es alta, es altísima, a punto tal que ninguna empresa puede competir con el Estado cuando toma los fondos. Es cierto que el dólar arrancó a 15 pesos después de la devaluación para ajustar el error del gobierno anterior, y que después lo dejaron caer hasta 13 y pico, y que hace unos días tocó 14 y algo. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Es cierto o no es cierto que están emitiendo deuda masivamente? Bueno, si es cierto, discutamos los efectos de eso", agregó.
Además, señaló: "Es también una práctica habitual en la Argentina. La pesada herencia es habitual, en parte porque los gobiernos tienden a fracasar y dejan una situación complicada: fracasó el gobierno de Alfonsín, fracasó la convertibilidad, fracasó el gobierno de la Alianza y obviamente fracasó el gobierno de Kirchner, si se mira en términos de crecimiento y bienestar social, que es lo que importa".
Y pidió tener "cuidado con echarle la culpa a (Donald) Trump" porque así "empiezan a ocultar los errores y los fracasos de política económica". "Ayer leía que se decía que hay que terminar con la inflación para crecer. ¡Y no! Es al revés. Hay que empezar a poner la economía en marcha para frenar la inflación. En una economía chica y relativamente cerrada como es la Argentina, los costos fijos tienen un peso fenomenal", subrayó.
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